La lucha contra la financiación del terrorismo es una prioridad global que requiere de un enfoque coordinado y adaptado a las particularidades de cada sector. En este contexto, las organizaciones sin ánimo de lucro han sido identificadas como potencialmente vulnerables a ciertos riesgos debido a su estructura, alcance y naturaleza de sus actividades. Por ello, distintos organismos internacionales y nacionales han intensificado sus esfuerzos para analizar el sector y reforzar su protección frente a posibles usos indebidos.
En línea con este enfoque preventivo, la CPBCIM ha presentado recientemente un Análisis centrado en el riesgo de financiación del terrorismo en el sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) en España. El informe tiene como propósito profundizar en la identificación de posibles amenazas, detectar vulnerabilidades y evaluar los riesgos asociados, en consonancia con los principios establecidos en la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El sello Dona con Confianza puede mitigar el riesgo
Entre las buenas prácticas identificadas en el informe, la CPBCIM menciona expresamente a Fundación Lealtad, reconociendo el sello Dona con Confianza como un mecanismo eficaz para contribuir a la mitigación del riesgo de financiación del terrorismo. El análisis destaca que estándares voluntarios como el que promovemos desde la Fundación —basados en principios exigentes de transparencia, control y buen gobierno— son herramientas valiosas para prevenir el uso indebido de las organizaciones sin fines de lucro con fines ilícitos.
Además, Fundación Lealtad fue una de las entidades consultadas durante el proceso de elaboración del documento, lo que subraya la importancia de la colaboración entre sector público y privado para construir un entorno más seguro, transparente y confiable.
Entidades consideradas en el estudio
El análisis elaborado por la CPBCIM se basa en una delimitación clara del universo de entidades consideradas dentro del ámbito de estudio. En concreto, se identifican como potencialmente expuestas al riesgo de financiación del terrorismo aquellas organizaciones sin fines de lucro con actividad internacional en jurisdicciones consideradas de riego y aquellas que desarrollan actividades humanitarias, educativas o culturales.
Bajo estos criterios, el informe contempla un total de 31.702 asociaciones —de las cuales 2.709 cuentan con la declaración de utilidad pública—, 256 fundaciones de ámbito estatal y 1.428 de ámbito autonómico, numerosas ONGD (principalmente constituidas como asociaciones o fundaciones) y 20.945 entidades religiosas, incluyendo iglesias, comunidades, confesiones, federaciones y asociaciones con fines confesionales.
Un riesgo general medio-bajo, con focos específicos
El informe concluye que el riesgo general de que las organizaciones sin fines de lucro en España se vean implicadas en actividades relacionadas con la financiación del terrorismo es bajo, aunque se identifican áreas específicas de mayor exposición que requieren atención. Estas vulnerabilidades se agrupan en dos ámbitos: por un lado, las asociadas a la estructura y actividad de las entidades y, por otro, las vinculadas al propio funcionamiento del sector.
Principales vulnerabilidades vinculadas a la organización:
- Perfil de actividad: las entidades que desarrollan acciones humanitarias son más susceptibles de ser instrumentalizadas por organizaciones terroristas, especialmente si operan en zonas geográficas con presencia de grupos radicalizados o regímenes que los apoyen (como el norte de África o el Sahel). También son más vulnerables aquellas que trabajan con comunidades expuestas al proselitismo o que reciben financiación de terceros países para actividades educativas con menores, donde puede existir riesgo de adoctrinamiento.
- Métodos de financiación: se señalan como especialmente sensibles la microfinanciación (crowdfunding), los donativos en efectivo anónimos, la captación de fondos destinados a inversiones inmobiliarias y el uso de neobancos para el envío de remesas internacionales, debido a la limitada trazabilidad que presentan estas operaciones.
Vulnerabilidades vinculadas al sector:
- Fragmentación institucional: la existencia de múltiples registros y autoridades competentes genera complejidad en la supervisión y dificulta la homogeneización de criterios regulatorios.
- Fenómeno del de-risking: algunas entidades financieras, para evitar riesgos regulatorios, optan por restringir relaciones con organizaciones sin ánimo de lucro, lo que puede generar demoras, encarecimiento de operaciones o incluso el uso de canales informales.
- Trazabilidad y rendición de cuentas: existen dificultades para seguir el rastro de determinadas operaciones y asegurar una rendición de cuentas efectiva.
- Características del personal: no hay normativa que exija verificar la honorabilidad de quienes integran los órganos de gobierno. A esto se suma una alta rotación en el personal contratado y una fuerte dependencia del voluntariado.
No obstante, el análisis matiza que, si bien el riesgo general del sector es bajo, existen escenarios donde el riesgo inherente se incrementa. En el caso de las entidades cuya actividad se centra en ámbitos humanitarios, educativos o culturales, el riesgo se considera medio cuando operan en jurisdicciones clasificadas como sensibles en materia de financiación del terrorismo, y medio-bajo cuando actúan fuera de estos contextos. En cuanto a las organizaciones de carácter religioso, el riesgo se eleva a sustancial si desarrollan su labor con colectivos especialmente susceptibles de proselitismo o radicalización, o si lo hacen en zonas de riesgo; mientras que desciende a medio-bajo cuando no se da ninguna de estas circunstancias.
Cómo protegerse
A partir del diagnóstico realizado, el informe no se limita únicamente a identificar riesgos, sino que también plantea un conjunto de medidas de mitigación basadas en los hallazgos obtenidos. Estas recomendaciones están dirigidas tanto al sector público como a las propias organizaciones sin fines de lucro, con el objetivo de reforzar la prevención y la integridad en el sector. Entre ellas, se incluyen:
Medidas impulsadas desde el sector público:
- Reforzar las obligaciones de registro y supervisión administrativa.
- Promover políticas que fomenten la rendición de cuentas y la transparencia.
- Establecer mecanismos de colaboración con las organizaciones sin fines de lucro, que faciliten el intercambio de información y buenas prácticas.
Medidas que deben asumir las propias OSFL:
- Crear espacios estables de diálogo e intercambio de información entre entidades y con actores institucionales.
- Impulsar la elaboración de estudios y análisis específicos sobre riesgos y medidas preventivas.
- Desarrollar programas de formación y sensibilización, como grupos de trabajo orientados a la mejora del marco normativo (por ejemplo, en relación con la Ley 10/2010), o sesiones formativas sobre riesgos y prevención.
- Aplicar códigos de autorregulación, certificaciones, acreditaciones o sellos de calidad. En este sentido, el informe destaca especialmente el valor del sello Dona con Confianza, que otorgamos desde Fundación Lealtad como herramienta para reforzar la transparencia, la trazabilidad y la confianza en el sector de las organizaciones sin fines de lucro.
Un marco claro para avanzar
El análisis presentado por la CPBCIM proporciona un marco sólido para identificar riesgos y avanzar hacia una cultura de prevención en el sector, sin caer en la estigmatización del conjunto de las organizaciones sin fines de lucro.
Desde Fundación Lealtad compartimos plenamente esta visión: fortalecer la transparencia, el control interno y la rendición de cuentas no solo refuerza la confianza de la sociedad, sino que también protege a las propias entidades frente a posibles usos indebidos. Continuar impulsando estándares rigurosos y espacios de colaboración público-privada será clave para consolidar un entorno más seguro y comprometido con el bien común.
