La Ley de Fundaciones establece que los miembros del Patronato no recibirán ningún tipo de remuneración por el ejercicio de su cargo. Se les podrá compensar por los gastos incurridos en el ejercicio de su labor, por ejemplo de desplazamiento, pero el ejercicio de sus funciones no lleva asociada remuneración. 

La Ley de Asociaciones 1/2002 (artículo 11.5) establece que “ en el caso de que los miembros de los órganos de representación puedan recibir retribuciones en función del cargo, deberán constar en los Estatutos y en las cuentas anuales aprobadas en asamblea”.

En el caso de las asociaciones declaradas de utilidad pública, la Ley de Asociaciones 1/2002 (artículo 32.1) establece “que los miembros de sus órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas.  No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los términos y condiciones que se determinen en los Estatutos, los mismos podrán recibir una retribución adecuada por la realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros del órgano de representación”.

Es muy poco habitual que una ONG remunere a los miembros del órgano de gobierno por su cargo en el órgano de gobierno. No obstante, sí es más habitual que un miembro del órgano de gobierno esté contratado por la entidad para realizar otras funciones distintas a las propias del órgano de gobierno. Pensemos por ejemplo en un patrono que a su vez es director o miembro del equipo directivo. En ese caso, podría recibir remuneración como director. También se pueden dar casos de remuneración indirecta. Por ejemplo si la entidad contrata a una empresa propiedad de un patrono para prestar un servicio. En el caso de las fundaciones, antes de contratar a un patrono, se debe solicitar autorización al Protectorado. 

En todos los casos de contratación o relaciones comerciales con miembros del órgano de gobierno es además imprescindible gestionar de manera correcta los posibles conflictos de interés. El miembro del órgano de gobierno que reciba cualquier tipo de remuneración de la entidad no debe participar en ninguna de las decisiones que le afecten y siempre debe justificarse el beneficio para la organización frente a intereses particulares.

En los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas se establece que el porcentaje de miembros que perciban algún tipo de remuneración por parte de la organización, sus entidades dependientes o sus proveedores ha de estar por debajo del 40%. Además cualquier remuneración de los miembros del órgano de gobierno o sus familiares deberá cumplir escrupulosamente con la política de conflicto de interés.